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El emblemático Cerro Rico de Potosí, declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad por la UNESCO, enfrenta un grave deterioro estructural debido a siglos de explotación minera. En los últimos años se han documentado cientos de hundimientos y grietas profundas, especialmente en sus zonas altas, lo que ha generado alerta sobre la posibilidad de un colapso irreversible si no se toman medidas efectivas.
La montaña, históricamente fuente de plata que financió el Imperio Español y eje de la economía potosina, está cada vez más agujereada y debilitada por la extracción continua.
Actualmente, más de 30 000 mineros, organizados principalmente en cooperativas que arriendan derechos de explotación a la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), trabajan dentro del Cerro Rico. Muchos de ellos continúan operando incluso por encima de la cota de 4 400 m, pese a que esta práctica está prohibida por normas y sentencias judiciales para proteger la estabilidad geológica del macizo.
Los mineros han expresado que dejar de trabajar sin alternativas laborales es inviable para sus familias, lo que complica cualquier intento de reubicación inmediata.
La Sentencia Constitucional 1062/2022 obliga al Estado boliviano, a través del Ministerio de Minería y la COMIBOL, a preservar la estructura del Cerro Rico y migrar las actividades mineras por encima de la cota 4 400 m a otras áreas menos conflictivas desde el punto de vista geológico.
En cumplimiento de estos mandatos:
Además de las migraciones, la COMIBOL ha intensificado operativos contra la minería ilegal en y alrededor del Cerro Rico. Recientemente se retuvieron más de 120 toneladas de mineral de óxidos de plata que estaban siendo comercializadas sin permisos, y se iniciaron acciones penales contra quienes fomentan esta práctica.
Estas acciones buscan reducir el daño geológico causado por la extracción descontrolada y asegurar que las actividades mineras cumplan con la ley.
Las cooperativas mineras, por su parte, han pedido al gobierno la asignación de nuevas áreas de trabajo fuera de la cumbre del Cerro Rico para poder trasladarse gradualmente sin perder su sustento económico. Esta petición apunta a facilitar la salida ordenada de los trabajadores de las zonas más peligrosas.
La minería sigue siendo un pilar económico para el departamento de Potosí, representando cerca del 40 % del valor total de su economía y un aporte significativo a las exportaciones mineras del país. Esto explica por qué cualquier cambio en la actividad extractiva genera preocupación social, económica y política.
· El Cerro Rico está geológicamente inestable y se han documentado múltiples hundimientos.
· El Estado y la justicia ordenan reubicar actividades mineras por encima de los 4 400 m.
· Cooperativas y mineros exigen nuevas áreas de trabajo para no quedar sin empleo.
· Operativos contra minería ilegal se han intensificado.
· La minería sigue siendo vital para la economía potosina y nacional.